La violencia obstétrica, como la que han vivido muchas mujeres en nuestro país, es una violación a los Derechos Humanos (DH) de las mujeres, como muestra el informe “Omisión e indiferencia, derechos reproductivos en México”, que publicó el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
TRATO DESHUMANIZADO
De acuerdo con GIRE, la violencia obstétrica se genera en la atención institucional del embarazo, parto y puerperio (40 días posteriores al alumbramiento), que brindan los servicios de salud, tanto públicos como privados, y se divide en dos: física y psicológica.
La psicológica incluye el trato deshumanizado, grosero y discriminatorio cuando las mujeres piden asesoría o requieren atención, que va desde regaños, burlas, ironías, insultos, desinformación e indiferencia, hasta amenazas y humillaciones.
Ante este trato, en los últimos años ha tomado fuerza el concepto de “parto humanizado”, un modelo que tiene como objetivo que las mujeres vivan esta experiencia como un momento placentero, donde la mujer sea sujeto y protagonista del parto.
MALA ATENCIÓN
La violencia obstétrica física es cuando se realizan prácticas invasivas y se suministran medicamentos que no están justificados por el estado de salud de las mujeres, o cuando no se respetan los tiempos ni las posibilidades del parto biológico.
Es decir, cesáreas innecesarias, episiotomías, inducciones al parto a través del uso de oxitocina, uso de anestésicos, prácticas de rutina como el rasurado del pubis (tricotomía), enemas evacuantes, monitoreo fetal, y en el caso más extremo esterilizaciones forzadas, temporales e incluso definitivas.
GIRE destaca el incremento desproporcionado de los nacimientos por cesárea en México, que se ubica como cuarto lugar a nivel mundial con el 38 por ciento, cifra que asciende a 44 por ciento en esta ciudad y en hospitales privados llega hasta el 90 por ciento.
Aunado a ello, mediante solicitudes de acceso a la información, documentó el número de cesáreas en el Sistema Nacional de Salud (SNS), y descubrió que el mayor porcentaje se encuentra en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con el 51 por ciento.
Seguido del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con 40 por ciento, y por último la Secretaría de Salud federal (Ss) con 25 por ciento.
Estas cifras contravienen la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que indica que la tasa de cesáreas debe ser como máximo de entre 10 y 15 por ciento de los nacimientos.
Por otra parte, GIRE menciona que en el extremo de la violencia obstétrica física sobresalen casos que revelan estrategias abusivas, como obtener la autorización para esterilizar a las mujeres o colocarles un dispositivo intrauterino durante la labor de parto.
La esterilización forzada está prohibida en la Ley General de Salud y en 19 leyes de salud locales. También está tipificada como un delito en el Código Penal Federal y en ocho códigos penales de las entidades, con sanciones como arrestos, multas y clausuras de nosocomios.
DAÑOS A LA SALUD
Respecto a las denuncias, GIRE presentó solicitudes de acceso a la información para conocer cuántas quejas se presentaron entre 2009 y 2012, tanto en el sector salud como ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
La Ss y el IMSS informaron que no cuentan con datos estadísticos sobre lo consultado y el ISSSTE reportó 122 quejas por malos tratos y negligencia médica en el marco de la atención gineco-obstétrica.
La CNDH informó que recibió también 122 quejas, de las cuales 92 eran del IMSS, 13 del ISSSTE y 3 de la Ss, entre otras instituciones de salud locales o de acceso restringido, como los hospitales de las secretarías de Marina o la Defensa Nacional.
De estas quejas, la CNDH sólo emitió cuatro recomendaciones, una a Petróleos Mexicanos, que no fue aceptada, una a la Secretaría de Salud de Hidalgo y una al IMSS, parcialmente cumplidas, y una al ISSSTE, que fue aceptada pero aún no comprueba el cumplimiento.
Lo que da cuenta de que no sólo es grave el bajo nivel de denuncias que se presentan, sino –como dice Diana– al final si las mujeres presentan quejas el Sector Salud se responsabiliza, ya que no hay una reparación del daño ni se compromete a la no repetición.
CAMBIOS LEGALES
En cuanto al marco normativo, GIRE refiere que los diversos tipos y modalidades de violencia contra las mujeres se contemplan en la Ley General y en las leyes locales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que regulan las políticas públicas en la materia.
Sin embargo, la Ley General no incluye la violencia obstétrica y a nivel local sólo los estados de Chiapas, Guanajuato, Durango y Veracruz cuentan con definiciones de violencia obstétrica en sus leyes respectivas.
Y sólo en Veracruz está tipificada como delito, con multas que van de tres a seis años de prisión y multas de hasta 300 días de salario.
Aunque GIRE considera que la vía penal no es la idónea para evitar prácticas de violencia obstétrica, ya que predispone a los médicos y no promueve un cambio de mentalidad ni de políticas públicas sobre “parto humanizado”.
Además de la Ley General de Salud, también se cuenta con la Norma Oficial Mexicana 007, de Atención de la Mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido, que en 2005 fue modificada para buscar disminuir los daños obstétricos y los riesgos para la salud de las mujeres y de sus hijos.
GIRE recomienda en el informe que el SNS debe asegurarse de implementar de forma adecuada la NOM 007 mediante la difusión de su contenido, y el monitoreo de su ejecución y acatamiento por todos los profesionales de la salud.
Aunado a ello sugiere la sensibilización del personal de salud y la implementación del modelo de “parto humanizado”, así como reforzar los sistemas de quejas para que las usuarias puedan denunciar prácticas de violencia obstétrica.
Fuente: CimacNoticias
Imagen de LemonPolitik
No hay comentarios.:
Publicar un comentario